“España nunca ha sentado a ninguna persona en el banquillo, ni mucho menos condenado a ninguna organización por salvar vidas”

 L a preocupación por el aumento de escaños de fuerzas antieuropeas y eurófobas en las instituciones supranacionales permea el discurso de Juan Fernando López Aguilar (Las Palmas de Gran Canaria, 1961), viejo conocido de la política nacional española, tras haber sido Ministro de Justicia entre 2004 y 2007.

Desde un despacho casi vacío en la sede de Estrasburgo, el eurodiputado socialista lamenta la división que causan materias como la migración y el asilo entre los Estados miembros, especialmente llamativas en el caso de Hungría y Polonia. Consciente de la repercusión mediática de casos como el de Carola Rackete, Óscar Campos y otros defensores de la población migrante y refugiada, López Aguilar afirma que algunos Estados miembros como Grecia, Chipre, Malta, Italia y España sufren la falta de responsabilidad compartida y la solidaridad vinculante al tener que gestionar la Frontera Sur de la Unión Europea y defiende la cooperación con terceros estados, como Marruecos. 

¿Cuál es la situación de las personas defensoras en la Unión Europea?

La Unión Europea es una unión en valores, lo hemos subrayado demasiadas veces, por necesidad. En un tiempo político que ha estado caracterizado por una sucesión de episodios de crisis con una profundidad de impacto sin precedentes en la historia. Frente a la recesión, al Brexit, a la mal llamada crisis de los refugiados, la progresión de regímenes iliberales o la crisis de la deuda soberana e incluso frente a la pandemia de la Covid, la Unión Europea no es el euro ni el mercado interior, es un conjunto de valores comunes vinculantes y conviene protegerla.

¿Cree que la polarización política está provocando un achicamiento del espacio cívico en la Unión Europea en materia de migración y derecho asilo?

Dos consideraciones para responder. La primera: Las políticas referidas a migración y derecho de asilo estuvieron reservadas a los Estados miembros hasta antes de ayer por la tarde en términos históricos y, sin embargo, desde que se puso en vigor el Tratado de Lisboa junto con la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea hace más de diez años ha dejado de ser una competencia de los Estados nación y de sus gobiernos. Es una competencia europea, determinante, aunque haya algunos Estados que continúen sin enterarse. 

En el Parlamento Europeo hemos legislado el llamado Paquete de migraciones, compuesto por ocho actos legislativos vinculantes y un así llamado Paquete de asilo, compuesto por nueve actos legislativos vinculantes para los Estados miembros, lo que no impide que se produzcan hechos fragrantes de esos derechos por parte de los Estados, lo que sucede un día sí y otro también, lamentablemente.

La segunda consideración es que tanto la migración como el asilo son asuntos divisivos como seguramente no hay otros en la agenda europea, tanto ideológica, como política y legislativamente. Hay una extrema derecha en el Parlamento europeo, con actitudes rabiosamente antieuropeas y eurófobas, con un repliegue nacionalista que es frontalmente incompatible con la razón de Europa.

¿Cree que esos paquetes de medidas están protegiendo a las personas que defienden a aquellas que migran o solicitan asilo en Europa?

Sin duda, es el enfoque prevalente que constituye el marchamo de la legislación de los Estados miembros. El Tratado de Lisboa contempla un espacio de libertad, justicia y seguridad regido por los principios de solidaridad vinculante y responsabilidad compartida y, para hacerlo valer, contempla una conferencia interparlamentaria bajo la presidencia de la comisión que lidero para debatir la articulación de los dos escalones: el europeo y los Estados miembros.

Insistimos en que el enfoque es este hasta nueva orden, porque el número de escaños antieuropeos ha crecido considerablemente. Con todo, la mayoría en el Parlamento europeo sigue siendo proeuropea, lo que quiere decir que tiene un enfoque holístico sobre el hecho migratorio, que quiere decir un enfoque global que dé cuenta de todas sus dimensiones: exterior para empezar, en los países de origen y tránsito con cooperación y ayuda humanitaria, que sea capaz al mismo tiempo de capitalizar por acción diplomática la corrección de esas desigualdades en origen y en el fomento de las oportunidades en origen y que prevenga la explotación en origen de las mafias y, al mismo tiempo, un mecanismo europeo de rescate y salvamento en la mar y una no criminalización de las organizaciones gubernamentales expuestas a una interpretación torcida de la Directiva de facilitación de la migración irregular y del tráfico ilícito de seres humanos, que arroja un balance de muertes pavoroso. 

¿Qué puede hacer la Unión Europea para que los Estados no apliquen las legislaciones de esa forma contra las personas y colectivos que defienden los derechos de la población migrante y refugiada?

Se responde, en síntesis, dando la batalla. Levantando la cara y siendo capaces de actuar en consecuencia. Exigiendo la responsabilidad de los Estados que grosera y manifiestamente están incumpliendo el derecho europeo, que es un caso cada vez más presente. Reitero la importancia de las reglas de la responsabilidad compartida y la solidaridad vinculante y actuando implacablemente contra los Estados que se desvinculan por completo de toda solidaridad como el grupo entre los cuales, como no, a la cabeza están Hungría y Polonia. Insolidarios a más no poder con los países que tienen fronteras exteriores vulnerables, que son las que lindan con el Mar Mediterráneo o el Océano Atlántico, que es el caso de Grecia, Chipre, Malta, Italia y España.

La situación actual es la confluencia de muchas derivas negativas. Una de ellas el hecho de que los Estados miembros cumplen el derecho europeo de manera extremadamente desigual y heterogénea y la otra son los incumplimientos clamorosos de la regla de solidaridad, de la regla de salvamento en la mar, de desembarco en puerto seguro, de la Directiva de facilitación –que no está pensada para imponer penas de cárcel a quien salve vidas, sino a los cómplices de las redes de tráfico de personas que es una cosa muy distinta-. 

Eso es lo que explica que España nunca se haya sentado en el banquillo, ni mucho menos condenado a ninguna organización por salvar vidas en la mar. Siendo cierto también que España es uno de los países que invierte muchísimos recursos públicos en salvar vidas en la mar. Hay que saber que esas 23.000 personas que llegaron con vida a Canarias son un porcentaje muy minoritario lo hizo por sus medios. El 95% fueron rescatadas por Salvamento Marítimo y por la Guardia Civil.

De modo que, hay muchos países que invierten muchos recursos públicos en salvar vidas, mientras que otros se desentienden y eso explica que haya organizaciones no gubernamentales que se hayan especializado, por decirlo de alguna manera, en patrullar la mar, como el caso de Open Arms. 

El riesgo de que sean criminalizadas sigue estando ahí en estados como Grecia o Italia, no ha sucedido en España. España nunca ha sentado a nadie en el banquillo por salvar vidas, pero en todo caso el Parlamento europeo ha urgido a la Comisión a una modificación del artículo 1.2, que es un punto problemático de la Directiva de facilitación.

En el caso de España, la defensora de derechos humanos Helena Maleno fue investigada por España y posteriormente esa documentación envidada a Marruecos, lo que supuso su deportación en enero 2021. ¿Cuál es la posición de la Unión Europea sobre la criminalización de personas defensoras como Helena Maleno dentro y fuera del territorio europeo?

La posición de la Unión Europea sigue siendo la mayoritariamente cristalizada en las resoluciones del Parlamento Europeo que integran, insisto los puntos de vista de la mayoría proeuropea que habita y respira en el Parlamento europeo que prohíbe toda la criminalización y persecución de activistas y organizaciones humanitarias y de defensa de derechos humanos. Hemos deplorado todas y cada una de las casuísticas, desde Carola Rackete a Helena Maleno, pasando por dirigentes de Open Arms, como Óscar Campos. Para que no solamente se les deje trabajar, sino que se les deje hacer su activismo sin sombra de sospecha ni riesgo personal.

Es cierto que se activa un procedimiento jurídico es difícil ingerirse desde fuera, no digamos fuera de la Unión Europea, es poco lo que el Parlamento europeo puede hacer, además de mostrar empatía, solidaridad y reclamar respeto de los derechos humanos donde quiera que sean cuestionados.

¿Qué opinión le merece la cooperación judicial entre España y Marruecos con respecto al caso de Helena Maleno?

Forma parte de un instrumento de cooperación jurídico que no es intransferible desde el Parlamento Europeo. Existen en estos momentos y no se puede ignorar, muchísimos acuerdos, convenios y marcos jurídicos internacionales entre los Estados miembros con Estados terceros. Créame que España tiene una red de instrumentos de cooperación con Marruecos por muy buenas razones. Es un socio inexorable. Es un socio inescapable, esquivable. No ya a 14 kilómetros de la costa de Tarifa, sino a una valla de distancia de Ceuta y Melilla. España es el único país de la Unión Europea que se distingue por tener frontera terrestre con el continente africano. De modo que, para que intereses estratégicos sean preservados es imprescindible tener una vía de convenios de cooperación con el Reino de Marruecos y es imprescindible respetar a tu interlocutor.

¿Opina que la polarización política que estamos sufriendo en la actualidad está generando un caldo de cultivo contra la labor de las personas defensoras y las migrantes?

No conviene deslizarse hacia ninguna simplificación. Los vericuetos específicos de las rutas de la migración irregular a menudo obstaculizados por las redes de tráfico ilícito son lo bastante complejos como para no validad sin más ninguna simplificación o que una sola persona pueda tener una diferencia entre el cielo y el infierno.

En mi experiencia política como como jurista, cada vez que me enfrento a un proceso judicial en la base hay varias versiones en presencia y ninguna de las cuales puede ser despachada sin más. Cuando existe una causa judicial que produce preocupación o incluso escándalo en algunos grupos de opinión la respuesta no puede ser sin más que basta con denunciar la inequidad de quien está incoando esta causa judicial y reclamar vehementemente la total inocencia de la persona encausada. Normalmente la respuesta debe articularse con un poco de mayor fineza.