“No hay nadie allí, en el Mediterráneo”

 «There is no one there”. “No hay nadie allí”, recuerda Mary Lawlor al hablar de las consecuencias de la criminalización de las personas defensoras que están intentando salvar la vida de quienes se arriesgan a cruzar el Mediterráneo por una vida mejor. 

Desde su nombramiento en mayo 2020, la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de personas defensoras de derechos humanos ha seguido con suma preocupación casos como la criminalización de once personas de los barcos de salvamento Sea Watch y Iuventa, atracado en el puerto siciliano de Trápani desde 2017 y cuya tripulación se enfrenta a penas de cárcel por la aplicación de la Ley antimafia italiana, o de Helena Maleno, investigadora española que fue deportada en diciembre de 2021 de Marruecos, su lugar de residencia, tras haber sido investigada por tráfico de personas cuando ni los tribunales españoles ni marroquíes han observado nada más que su labor documentando e informando de las pateras que quedan a la deriva intentando alcanzar las costas europeas. 

¿Cuál es la situación de las personas defensoras en la Unión Europea?

La situación no es uniforme, pero es muy, muy preocupante. He estado siguiendo el recorte de los derechos de las personas defensoras en varios países como Polonia, Italia, Grecia o Francia. Es algo que me inquieta en gran medida porque las Directrices de la Unión Europea sobre los defensores de los derechos humanos enumeran los pasos que deben ser tomados para permitir a las personas defensoras trabajar en entornos de paz y promover los derechos universales y las libertades fundamentales, así como el derecho al asilo de las personas en movimiento y su derecho a la vida.

Es un asunto fundamental para Europa. El derecho de solicitar asilo, los derechos de los trabajadores migrantes y el achicamiento de los derechos de las personas defensoras sencillamente porque están tratando de ayudar a esta gente es una vergüenza. 

Desde 2015 ha habido un incremento de la solidaridad hacia los migrantes por personas defensoras y hemos visto situaciones terribles de gente que se ha muerto de frío en Polonia, incluidos menores; así como personas que cruzan el mar y no se las permite llegar a costas europeas, siendo forzadas a volver a puertos no seguros. Por supuesto, los defensores de derechos humanos están en primera línea al intentar ayudarles.

¿Qué tipo de ataques ha documentado contra estas personas defensoras en Europa?

El primero es la criminalización. Hemos visto la judicialización de personas defensoras por sus actos de solidaridad con migrantes y refugiados. Este proceso no solo tiene que ver con la propia criminalización, sino con el hecho de que los procesos judiciales se prolongan por años y años y si los defensores están viviendo en un lugar donde están trabajando, se ven aislados.

La segunda tiene que ver con que, cuando las investigaciones se alargan, aparecen los cargos penales o la criminalización está abierta, produciéndose una amenaza de condena contra las personas defensoras, otras que podrían estar interesadas en la protección de la población migrante y refugiada, comienzan a tener más cuidado e incluso miedo de involucrarse tanto ahora como en el futuro.

Los Estados conocen esta realidad. Los Estados saben lo que están haciendo para intentar prevenir las llegadas de personas para solicitar asilo en Europa y su forma de evitarlo es por medio de la intimidación y criminalización de las personas defensoras de derechos humanos, al ser las personas que están ayudando a proteger a la población migrante y refugiada. Es una estrategia muy cínica de los Estados.

¿Cómo debería actuar la Unión Europea en este sentido?

Este proceso está sucediendo en la Unión Europea que, como sabe, fue fundada sobre los principios de los derechos humanos y la justicia global. Por ello, hago un llamamiento a la Unión Europea para que dirija la protección de las personas migrantes y refugiadas de forma justa y ética. No se trata solo de la UE, sino que debemos considerar que la propia UE se fundó sobre estos valores de los derechos humanos y que existen Directrices de la Unión Europea sobre los defensores de los derechos humanos que deben ser tenidas en cuenta.

El ambiente hostil que se está generando en la Unión Europea para las personas refugiadas y migrantes debe ser redirigido, ya que está generando consecuencias no solo para ellos, sino también para las personas defensoras que están promoviendo su protección. Las muertes, desapariciones, las devoluciones… deben ser tratadas de manera justa y adecuada, y me temo que no se está haciendo. 

Uno de los casos más paradigmáticos de criminalización a personas defensoras de derechos humanos fue la paralización del barco con bandera alemana Iuventa en Trápani (Italia) y la criminalización de parte de su tripulación. ¿Por qué la relatoría envió una carta al Gobierno de Italia y realizó una declaración pública sobre este y otros casos?

Como saben, uno de los casos que he seguido con gran preocupación es el caso de Iuventa, cuya investigación comenzó en 2017 y que aún continúa, con la criminalización de cuatro de los miembros de su tripulación.

Si fuesen condenadas, se enfrentan a más de 20 años en la cárcel cuando solo estaban haciendo trabajo humanitario en el Mediterráneo central. ¿De dónde viene que tú criminalices a gente que está tratando de salvar las vidas a las personas más pobres y más marginadas? Cabe recordar que cuando fueron criminalizadas habían rescatado a casi 40.000 personas que habían estado en peligro en el mar.

Otro de los casos en los que ha trabajado ha sido la criminalización de Sarah Mardini y Seán Binder en Grecia. ¿Cuál es la particularidad de este proceso?

Sarah y Séan son dos jóvenes idealistas, que deben ser apoyadas y no criminalizadas. Ellos han pasado mucho tiempo durante su juventud asistiendo a migrantes y solicitantes de asilo y, por ello, están siendo víctimas de una investigación que dura ya más de tres años.

Si las autoridades los consideran culpables, pueden enfrentarse a penas de hasta 25 años de prisión solo por salvar la vida de la gente. De nuevo, es importante preguntarnos: ¿Por qué deben ser condenados? ¿Por qué hay un caso contra ellos? Están expresando el mayor principio humanitario, el principio más idealista intentando salvar vidas.

Ser criminalizado por intentar salvar vidas es inhumano y cruel. De nuevo, necesitamos defensores de derechos humanos que sean capaces de proteger a personas migrantes y refugiadas que llegan a Europa.