KATRIN SCHMIDT
otras historias de vida
Cuando las defensoras no deberían ser las protagonistas
Katrin Schmidt
K atrin Schmidt (Berlín, 1983) sabe que ella no debería ser la protagonista de esta historia. Mientras las políticas migratorias europeas centran la atención mediática y el ruido polarizador en las personas defensoras de derechos humanos “rubias y con pasaportes europeos”, como incide la alemana, “las personas migrantes mueren en la ruta balcánica o en el Mediterráneo sin que nadie quiera verlo”.
Desde que en agosto de 2017 el barco de rescate de Iuventa fuera retenido en el puerto italiano de Trapani, en Sicilia, la larga sombra de la criminalización ocultó la labor de salvamento de esta embarcación: 14.000 personas salvadas de las fauces del Mediterráneo.
Cinco años después, en diciembre de 2021, cuatro de las personas que formaron parte de la tripulación tuvieron acceso a sus cargos, que podrían conllevar sentencias de hasta 20 años de cárcel y una multa de 15.000 euros por cada inmigrante “ilegal”, según la legislación antimafia utilizada durante el proceso.
Cuando terceros países no son puertos seguros | Libia y Túnez
Estas travesías por el Mediterráneo son de alto riesgo, ya que suelen atravesar terrenos remotos como el desierto del Sáhara y residir, al menos temporalmente, en países como Libia, donde las condiciones de los migrantes suelen ser peligrosas, tal y como argumenta Sarah Clarke, responsable de responsable de Article 19 para Europa y Asia Central.
Hombres, mujeres, niñas y niños son interceptados al cruzar el Mediterráneo y devueltos a centros de detención de Libia donde sufren vulneraciones de derechos humanos, como homicidios ilegítimos, tortura y otros malos tratos, violaciones y otros actos de violencia sexual, detención arbitraria por tiempo indefinido en condiciones crueles e inhumanas, y trabajo forzoso. En 2021, Amnistía Internacional volvió a denunciar “las horribles consecuencias de la actual cooperación de Europa con Libia en materia de control migratorio y fronterizo”.
Francesca Cancellaro explica que “diversas sentencias judiciales afirman que Libia no es un puerto seguro, por lo que no se puede cometer esta tropelía de llevar a la población migrante a sus puertos. De hecho, se está comenzando a plantear que Túnez tampoco lo sea, lo que tendría consecuencias jurídicas muy importantes”.
“Es una atrocidad que, por una parte, sean considerados puertos seguros y, por otra, se esté financiando a estos países para que se responsabilicen de nuestras políticas migratorias”, afirma Cancellaro.
Criminalización
Katrin Schmidt, quien fuera jefa de misión del Iuventa, denuncia el esfuerzo en la judicialización de la labor del barco de rescate, como se demuestra por la extensión del dossier de más de 35.000 páginas, la implicación de los servicios de inteligencia italianos en la investigación de los acusados o la estigmatización mediática que sufrieron tras el verano de 2017, cuando comenzó el proceso de judicialización y su barco quedó varado en el puerto de Trapani (Sicilia, Italia).
La propia relatora especial de Naciones Unidas sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos, Mary Lawyor, solicitó información al Gobierno italiano sobre la situación de la tripulación del Iuventa. El 8 de octubre de 2020, Lawlor ya lamentaba “que los procesos penales en su contra sigan abiertos y sigan enfrentándose a la estigmatización en relación con su trabajo de derechos humanos para proteger los derechos humanos de los migrantes y solicitantes de asilo en riesgo en el mar Mediterráneo”.
En la respuesta del Gobierno italiano a la Relatora Especial el 30 de noviembre de 2020 se hacía referencia explícita a la “compleja investigación técnica” que se había llevado a cabo y que contemplaba la interceptación de teléfonos, ordenadores y otros dispositivos de los acusados, incluyendo tanto personas de otras nacionalidades como residentes en el extranjero.
Para Francesca Cancellaro, una de las abogadas de los cuatro miembros de la tripulación de Iuventa criminalizados en Italia, el año 2017 supuso un punto de inflexión con la solidaridad hacia las personas migrantes. “Coincide con el cambio de la política migratoria de Frontex, se desarrolla una comisión parlamentaria en Italia sobre estos temas y comienzan las investigaciones contra la tripulación del Iuventa, paralizando la embarcación”.
Katrin Schmidt durante la entrevista en Burriana. Foto: Lucía Muñoz Lucena y Cristian Pirovano.
La aplicación de la legislación antimafia es otra característica específica de este proceso de criminalización, según la letrada. “Existe una elección de la política criminal que genera un impacto mediático y en la sociedad civil, ya que la connotación de la ley antimafia, contra organizaciones mafiosas y de tráfico de seres humanos en Italia es muy sensible”, detalla Cancellaro.
Con todo, Katrin Schmidt se muestra tranquila y no ha dejado de trabajar en labores de rescate marítimo. “No me van a hacer perder ni un momento de mi tiempo”, alega, “es lo que quieren, entretenernos, tenernos preocupados para que no pensemos en lo realmente importante: salvar vidas”, afirma la defensora, que actualmente forma parte de la tripulación del barco feminista Louise Michel.
El tiempo es otra de las cuestiones que están en su contra en el procedimiento judicial. La abogada de la defensora reconoce que han tenido “una dificultad en la defensa enorme, dado el problema de la traducción de los actos judiciales, garantizando el derecho de las personas acusadas a acceder a toda la información, ya que, al ser extranjeras, no hablan italiano”, explica.
No somos héroes
Katrin reflexiona antes de cada respuesta. Seria y escueta, sus respuestas son claras y concisas. “Yo no quiero estar delante de la cámara, pero tenemos que aprovechar esta oportunidad para denunciar las políticas racistas migratorias de Europa”, comenta a pocos metros de distancia de otros barcos de salvamento, como el Open Arms 1, Sea Watch 4.
El puerto castellonense de Burriana alberga muchas de las embarcaciones que, después de la crisis de las políticas migratorias de 2015, se convirtieron en los adalides de la defensa de los derechos de las personas en movimiento. “No queremos ser héroes. De hecho, esta situación dificulta nuestra labor de salvamento”, reconoce Schmidt, consciente de la importancia de la creación de narrativas que devuelvan la atención a las 23.490 personas desaparecidas en el Mediterráneo desde 2014.
“Empecé a trabajar en la ruta balcánica y vuelvo allí siempre que puedo, ya que el Mediterráneo Central posee una carga política llena de personas defensoras de derechos humanos con privilegios, que pueden hacer su trabajo y que son utilizadas mediática y políticamente para no hablar de lo importante”, resuelve una y otra vez la defensora, quien espera para zarpar en unos días con destino a Turquía.
La defensora Katrin Schmidt relata su proceso de criminalización. Foto: Lucía Muñoz Lucena y Cristian Pirovano.
Una parte más del sistema migratorio racista
Para la defensora, la criminalización de las personas que trabajan para salvar vidas es solo una parte más de la estrategia para derivar la atención y obviar las responsabilidades de las autoridades en materia migratoria y de asilo. “La Unión Europea y los Estados miembros solo deberían respetar sus leyes migratorias, de lo contrario, ellos son los responsables de esas muertes”, afirma a pocos metros del mar.
“Por supuesto existen patrones de criminalización que se repiten una y otra vez”, resuelve concisa. Mira hacia arriba y comienza a relatarlo: “Los trámites burocráticos nos impiden hacer nuestro trabajo cada vez más: nos piden más documentación, tenemos que revisar dos y tres veces lo que les enviamos y las autoridades tardan en responder”, expone.
Desde finales de 2021, Schmidt lleva a cabo las gestiones de la embarcación feminista en tierra. Cuando la entrevistamos en enero de 2022, estaba preocupada. Su embarcación Louise Michel se encontraba desde el día anterior frente al puerto italiano de Lampedusa sin poder atracar y sesenta migrantes esperaban cansados junto a la tripulación dentro del barco. “Nos hacen perder nuestro tiempo, dinero y energía justificando todas nuestras gestiones por si llegan a criminalizarnos tras realizar nuestro trabajo”.
Barco de salvamento de Iuventa atracado en el Puerto de Trápani. Foto: Lucía Muñoz Lucena.
PATRONES DE CRIMINALIZACIÓN DE KATRIN SCHMIDT
Ambiente tóxico
En verano de 2017 comenzó una fuerte campaña de estigmatización contra la tripulación del Iuventa y otras organizaciones de salvamento marítimo en el Mediterráneo, coincidiendo con una comisión parlamentaria sobre el derecho a salvar vidas.
Judicialización
Hasta 2021, los integrantes de la tripulación de Iuventa no han conocido los cargos de los que estaban acusados, tras la confiscación del barco en 2017.
Trabas burocráticas y en las comunicaciones
El aumento de trámites burocráticos para poder salvar vidas en el Mediterráneo se ha incrementado considerablemente. Además, las personas defensoras dedican mucho más tiempo a la justificación bajo el miedo a ser criminalizadas.
KATRIN SCHMIDT
Cuando las defensoras no deberían ser las protagonistas
K atrin Schmidt (Berlín, 1983) sabe que ella no debería ser la protagonista de esta historia. Mientras las políticas migratorias europeas centran la atención mediática y el ruido polarizador en las personas defensoras de derechos humanos “rubias y con pasaportes europeos”, como incide la alemana, “las personas migrantes mueren en la ruta balcánica o en el Mediterráneo sin que nadie quiera verlo”.
Desde que en agosto de 2017 el barco de rescate de Iuventa fuera retenido en el puerto italiano de Trapani, en Sicilia, la larga sombra de la criminalización ocultó la labor de salvamento de esta embarcación: 14.000 personas salvadas de las fauces del Mediterráneo.
Cinco años después, en diciembre de 2021, cuatro de las personas que formaron parte de la tripulación tuvieron acceso a sus cargos, que podrían conllevar sentencias de hasta 20 años de cárcel y una multa de 15.000 euros por cada inmigrante “ilegal”, según la legislación antimafia utilizada durante el proceso.
Puerto de Trapani | Sicilia, Italia
“Es paradójico que un barco cuya única finalidad sea salvar vidas en el Mediterráneo esté paralizado por orden judicial desde agosto 2017 en un puerto. Sus condiciones son pésimas y siguen empeorando”, argumenta Cancellaro, consciente del efecto ejemplarizante de esta paralización en el puerto siciliano de Trapani para otras embarcaciones y miembros de la sociedad civil que quieran salvar vidas en el Mediterráneo.
El cementerio más grande del mundo | Mar Mediterráneo
El número de muertes en el Mediterráneo no ha dejado de ascender en los últimos años. Desde 2014, 17.000 personas abrían muerto y/o desaparecido en la ruta del Mediterráneo central, 2000 en el Mediterráneo occidental y 1.700 en el mediterráneo oriental, según el Proyecto de Migrantes Desaparecidos de la Organización Internacional de las Migraciones
Cuando terceros países no son puertos seguros | Libia y Túnez
Estas travesías por el Mediterráneo son de alto riesgo, ya que suelen atravesar terrenos remotos como el desierto del Sáhara y residir, al menos temporalmente, en países como Libia, donde las condiciones de los migrantes suelen ser peligrosas, tal y como argumenta Sarah Clarke, responsable de responsable de Article 19 para Europa y Asia Central.
Hombres, mujeres, niñas y niños son interceptados al cruzar el Mediterráneo y devueltos a centros de detención de Libia donde sufren vulneraciones de derechos humanos, como homicidios ilegítimos, tortura y otros malos tratos, violaciones y otros actos de violencia sexual, detención arbitraria por tiempo indefinido en condiciones crueles e inhumanas, y trabajo forzoso. En 2021, Amnistía Internacional volvió a denunciar “las horribles consecuencias de la actual cooperación de Europa con Libia en materia de control migratorio y fronterizo”.
Francesca Cancellaro explica que “diversas sentencias judiciales afirman que Libia no es un puerto seguro, por lo que no se puede cometer esta tropelía de llevar a la población migrante a sus puertos. De hecho, se está comenzando a plantear que Túnez tampoco lo sea, lo que tendría consecuencias jurídicas muy importantes”.
“Es una atrocidad que, por una parte, sean considerados puertos seguros y, por otra, se esté financiando a estos países para que se responsabilicen de nuestras políticas migratorias”, afirma Cancellaro.
Criminalización
Katrin Schmidt, quien fuera jefa de misión del Iuventa, denuncia el esfuerzo en la judicialización de la labor del barco de rescate, como se demuestra por la extensión del dossier de más de 35.000 páginas, la implicación de los servicios de inteligencia italianos en la investigación de los acusados o la estigmatización mediática que sufrieron tras el verano de 2017, cuando comenzó el proceso de judicialización y su barco quedó varado en el puerto de Trapani (Sicilia, Italia).
La propia relatora especial de Naciones Unidas sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos, Mary Lawyor, solicitó información al Gobierno italiano sobre la situación de la tripulación del Iuventa. El 8 de octubre de 2020, Lawlor ya lamentaba “que los procesos penales en su contra sigan abiertos y sigan enfrentándose a la estigmatización en relación con su trabajo de derechos humanos para proteger los derechos humanos de los migrantes y solicitantes de asilo en riesgo en el mar Mediterráneo”.
En la respuesta del Gobierno italiano a la Relatora Especial el 30 de noviembre de 2020 se hacía referencia explícita a la “compleja investigación técnica” que se había llevado a cabo y que contemplaba la interceptación de teléfonos, ordenadores y otros dispositivos de los acusados, incluyendo tanto personas de otras nacionalidades como residentes en el extranjero.
Para Francesca Cancellaro, una de las abogadas de los cuatro miembros de la tripulación de Iuventa criminalizados en Italia, el año 2017 supuso un punto de inflexión con la solidaridad hacia las personas migrantes. “Coincide con el cambio de la política migratoria de Frontex, se desarrolla una comisión parlamentaria en Italia sobre estos temas y comienzan las investigaciones contra la tripulación del Iuventa, paralizando la embarcación”.
Katrin Schmidt durante la entrevista en Burriana. Foto: Lucía Muñoz Lucena y Cristian Pirovano.
La aplicación de la legislación antimafia es otra característica específica de este proceso de criminalización, según la letrada. “Existe una elección de la política criminal que genera un impacto mediático y en la sociedad civil, ya que la connotación de la ley antimafia, contra organizaciones mafiosas y de tráfico de seres humanos en Italia es muy sensible”, detalla Cancellaro.
Con todo, Katrin Schmidt se muestra tranquila y no ha dejado de trabajar en labores de rescate marítimo. “No me van a hacer perder ni un momento de mi tiempo”, alega, “es lo que quieren, entretenernos, tenernos preocupados para que no pensemos en lo realmente importante: salvar vidas”, afirma la defensora, que actualmente forma parte de la tripulación del barco feminista Louise Michel.
El tiempo es otra de las cuestiones que están en su contra en el procedimiento judicial. La abogada de la defensora reconoce que han tenido “una dificultad en la defensa enorme, dado el problema de la traducción de los actos judiciales, garantizando el derecho de las personas acusadas a acceder a toda la información, ya que, al ser extranjeras, no hablan italiano”, explica.
No somos héroes
Katrin reflexiona antes de cada respuesta. Seria y escueta, sus respuestas son claras y concisas. “Yo no quiero estar delante de la cámara, pero tenemos que aprovechar esta oportunidad para denunciar las políticas racistas migratorias de Europa”, comenta a pocos metros de distancia de otros barcos de salvamento, como el Open Arms 1, Sea Watch 4.
El puerto castellonense de Burriana alberga muchas de las embarcaciones que, después de la crisis de las políticas migratorias de 2015, se convirtieron en los adalides de la defensa de los derechos de las personas en movimiento. “No queremos ser héroes. De hecho, esta situación dificulta nuestra labor de salvamento”, reconoce Schmidt, consciente de la importancia de la creación de narrativas que devuelvan la atención a las 23.490 personas desaparecidas en el Mediterráneo desde 2014.
“Empecé a trabajar en la ruta balcánica y vuelvo allí siempre que puedo, ya que el Mediterráneo Central posee una carga política llena de personas defensoras de derechos humanos con privilegios, que pueden hacer su trabajo y que son utilizadas mediática y políticamente para no hablar de lo importante”, resuelve una y otra vez la defensora, quien espera para zarpar en unos días con destino a Turquía.
La defensora Katrin Schmidt relata su proceso de criminalización. Foto: Lucía Muñoz Lucena y Cristian Pirovano.
Una parte más del sistema migratorio racista
Para la defensora, la criminalización de las personas que trabajan para salvar vidas es solo una parte más de la estrategia para derivar la atención y obviar las responsabilidades de las autoridades en materia migratoria y de asilo. “La Unión Europea y los Estados miembros solo deberían respetar sus leyes migratorias, de lo contrario, ellos son los responsables de esas muertes”, afirma a pocos metros del mar.
“Por supuesto existen patrones de criminalización que se repiten una y otra vez”, resuelve concisa. Mira hacia arriba y comienza a relatarlo: “Los trámites burocráticos nos impiden hacer nuestro trabajo cada vez más: nos piden más documentación, tenemos que revisar dos y tres veces lo que les enviamos y las autoridades tardan en responder”, expone.
Desde finales de 2021, Schmidt lleva a cabo las gestiones de la embarcación feminista en tierra. Cuando la entrevistamos en enero de 2022, estaba preocupada. Su embarcación Louise Michel se encontraba desde el día anterior frente al puerto italiano de Lampedusa sin poder atracar y sesenta migrantes esperaban cansados junto a la tripulación dentro del barco. “Nos hacen perder nuestro tiempo, dinero y energía justificando todas nuestras gestiones por si llegan a criminalizarnos tras realizar nuestro trabajo”.
Barco de salvamento de Iuventa atracado en el Puerto de Trápani. Foto: Lucía Muñoz Lucena.
PATRONES DE CRIMINALIZACIÓN DE KATRIN SCHMIDT
Ambiente tóxico
En verano de 2017 comenzó una fuerte campaña de estigmatización contra la tripulación del Iuventa y otras organizaciones de salvamento marítimo en el Mediterráneo, coincidiendo con una comisión parlamentaria sobre el derecho a salvar vidas.
Judicialización
Hasta 2021, los integrantes de la tripulación de Iuventa no han conocido los cargos de los que estaban acusados, tras la confiscación del barco en 2017.
Trabas burocráticas y en las comunicaciones
El aumento de trámites burocráticos para poder salvar vidas en el Mediterráneo se ha incrementado considerablemente. Además, las personas defensoras dedican mucho más tiempo a la justificación bajo el miedo a ser criminalizadas.
otras historias de vida